Tijuana, Baja California, 11 de mayo del 2026.- Colectivas, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de la agrupación conocida como La Patrulla Espiritual, luego de que una mujer trans fuera presuntamente trasladada contra su voluntad a un supuesto centro de rehabilitación en Tijuana, Baja California.
A través de un posicionamiento público firmado por organizaciones defensoras de la diversidad sexogenérica, se señaló que los hechos habrían ocurrido el pasado 9 de mayo y quedaron documentados en videos y testimonios difundidos en redes sociales.
Según el pronunciamiento, en las grabaciones se observa a la víctima alterada y pidiendo ser liberada mientras presuntamente era llevada al lugar en contra de su voluntad.
Las organizaciones acusaron que durante el traslado la mujer habría sufrido actos de violencia, humillación y agresiones relacionadas con su identidad y expresión de género.
De acuerdo con el documento, también habrían existido intentos de imponerle vestimenta masculina y modificar su apariencia física.
“Estos actos constituyen violencia simbólica, psicológica y de género, así como posibles tratos crueles y degradantes motivados por prejuicio”, señalaron las agrupaciones.
Los colectivos advirtieron que las acciones denunciadas podrían estar relacionadas con intentos de aplicar prácticas conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), las cuales están prohibidas y consideradas delito en Baja California.
El posicionamiento fue dirigido a autoridades estatales y municipales, incluyendo a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.
Entre las exigencias planteadas por las organizaciones se encuentra la intervención inmediata de las autoridades para verificar el estado físico y psicológico de la víctima, así como garantizar su integridad y libertad.
También solicitaron investigar posibles delitos relacionados con privación ilegal de la libertad, discriminación y violencia de género, además de emitir un pronunciamiento público en defensa de los derechos de las personas trans.
Hasta el momento, las autoridades de Baja California no han emitido una postura oficial sobre el caso
