Ciudad de México, 17 de abril del 2026.- La diputada federal Gabriela Georgina Jiménez Godoy presentó desde la máxima tribuna del país un Punto de Acuerdo para exhortar al Poder Judicial Federal, al Tribunal de Disciplina Judicial y a la Fiscalía revisar con carácter de urgente la actuación judicial en un caso de feminicidio, y garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género, debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.
El caso corresponde al feminicidio de Maciel Alejandrina Sánchez Ronquillo, ocurrido en 2019, por el cual Mario Alberto “N” fue vinculado a proceso en 2023 y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
No obstante, el pasado 23 de marzo de 2026, la Jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, resolvió un juicio de amparo en el que ordenó de manera inmediata el cese de dicha medida, lo que derivó en la excarcelación del imputado.
De acuerdo con el documento presentado en San Lázaro, la actuación de la jueza Amarande Riojas Orozco presenta posibles irregularidades graves, entre ellas un conflicto de interés al conocer del asunto, la omisión de notificar a las víctimas indirectas y la falta de una valoración real del riesgo de fuga y de la seguridad de las víctimas. Estas omisiones resultan especialmente graves en un caso de violencia feminicida.
Asimismo, se advierte que la resolución fue emitida sin una incorporación efectiva de la perspectiva de género, al no analizar el contexto de violencia, los antecedentes entre víctima e imputado, ni los factores de riesgo que, conforme a estándares nacionales e internacionales, deben ser considerados en este tipo de casos.
El documento también señala que la omisión de notificar a las víctimas indirectas no constituye una simple irregularidad procesal, sino una forma de violencia institucional que vulnera su derecho a participar en el proceso y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad.
Adicionalmente, se hace referencia a hechos de intimidación en contra de colectivas feministas y familiares de la víctima durante una manifestación frente a juzgados federales el día 9 de abril de 2026, lo que agrava el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas indirectas.
Ante estos hechos, se exhorta al Tribunal de Disciplina Judicial a analizar de manera inmediata la queja presentada contra la jueza Aneshuarely Amarande Riojas Orozco, valorar su suspensión provisional para garantizar la imparcialidad del proceso y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
Asimismo, se solicita a la Fiscalía dar seguimiento puntual al caso, interponer todos los recursos legales necesarios para combatir la excarcelación del imputado y garantizar la protección integral de las víctimas indirectas, evitando cualquier forma de revictimización.
La Diputada Jiménez Godoy advirtió que decisiones judiciales de esta naturaleza no solo afectan un caso en particular, sino que impactan directamente en la confianza ciudadana en el sistema de administración de justicia y envían un mensaje de permisividad frente a la violencia contra las mujeres. “La justicia que no incorpora perspectiva de género no es justicia: es impunidad”, puntualizó.
