Morelia, Mich., a 16 de abril de 2026.- El caso Arantepacua dio un nuevo giro judicial luego de que un juez de control vinculara a proceso a cinco policías, entre ellos el exdirector de Tránsito estatal Jorge Alvarado Serrato, señalado como parte del círculo cercano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, actualmente prófugo de la justicia.
La resolución se deriva de los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, donde un operativo policial derivó en un enfrentamiento con saldo fatal y múltiples denuncias por violaciones graves a derechos humanos.
De acuerdo con la imputación, Marco Antonio “N”, Azahel “N” y Bulmaro “N” enfrentarán cargos por homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura y delitos contra la procuración y administración de justicia. En tanto, Jorge “N” —identificado como Alvarado Serrato— y Juan Carlos “N” fueron vinculados por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
La inclusión de Alvarado Serrato en el proceso no es menor. Su trayectoria dentro del aparato de seguridad estatal durante el gobierno de Aureoles lo coloca como un perfil clave para entender la cadena de mando en el operativo que terminó en tragedia.
Además, el caso ha escalado a niveles políticos más altos. El propio Silvano Aureoles Conejo ha sido señalado e imputado en investigaciones relacionadas con estos hechos, bajo el argumento de una posible responsabilidad en la toma de decisiones y conducción de las fuerzas de seguridad durante el operativo en Arantepacua. Su actual condición de prófugo añade presión a las autoridades para avanzar en el esclarecimiento integral del caso.
El juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal contra los cinco imputados, por lo que el expediente avanzará a la etapa de investigación complementaria, donde el Ministerio Público deberá robustecer las pruebas de cara a un eventual juicio.
A casi una década de los hechos, el caso Arantepacua se consolida como uno de los expedientes más delicados para el sistema de justicia en Michoacán, no solo por la gravedad de los delitos imputados, sino por el alcance de las responsabilidades, que ahora apuntan tanto a mandos operativos como a las más altas esferas del poder estatal de aquel periodo.
Para las víctimas y la comunidad purépecha, la vinculación a proceso representa un avance significativo, aunque tardío, en una lucha que ha persistido por años: que los responsables, sin importar su nivel, enfrenten finalmente la justicia.
