Ciudad de México, a 22 de abril de 2026.—
En medio de un proceso penal que lo mantiene prófugo, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, obtuvo un amparo que obliga a reponer parte clave del procedimiento judicial en su contra: la verificación de la autenticidad de su firma en un recurso que le había otorgado protección frente a una orden de aprehensión.
La resolución fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, cuyos magistrados determinaron por unanimidad que existieron violaciones al debido proceso. En consecuencia, ordenaron que se reponga el procedimiento para que una perito en grafoscopía y documentoscopía comparezca formalmente y analice si la rúbrica atribuida al exmandatario fue falsificada.
El caso se desprende de la causa penal 118/2025 y de la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MICH/000096/2022, en la que la Fiscalía General de la República acusa a Aureoles de delitos como peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa, por un presunto desvío superior a 3 mil millones de pesos.
La propia Fiscalía promovió en su momento un incidente de falsedad de firma, al detectar inconsistencias entre distintos documentos presentados por la defensa.
La controversia se intensificó luego de que un juzgado de distrito desechara la solicitud del exgobernador para investigar la posible falsificación. Sin embargo, el tribunal colegiado consideró que se vulneraron reglas fundamentales del juicio de amparo, al no garantizarse plenamente el derecho de la defensa a presentar y desahogar su prueba pericial.
En el trasfondo, el proceso ha estado marcado por decisiones encontradas. Por un lado, la autoridad judicial había advertido a Aureoles que debía presentar a su perito en un plazo determinado, bajo riesgo de que solo se tomara en cuenta el dictamen oficial. Por otro, también le fue revocada la suspensión definitiva debido a que no compareció personalmente ante la juzgadora, requisito indispensable para mantener la medida cautelar.
El expediente no solo involucra al exmandatario. Desde marzo de 2025, al menos cuatro de sus excolaboradores ya fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva por su presunta participación en el desvío de recursos destinados a la construcción de siete cuarteles en Michoacán.
Aureoles, quien gobernó la entidad entre 2015 y 2021, fue citado a audiencia inicial en agosto del año pasado, pero no acudió. Su ausencia derivó en que actualmente sea considerado prófugo de la justicia, lo que podría agravar su situación legal en caso de ser detenido, incluyendo la posibilidad de que se le imponga prisión preventiva justificada.
Con esta resolución, el proceso judicial entra en una nueva fase donde un elemento técnico —la autenticidad de una firma— podría tener implicaciones determinantes en un caso que combina acusaciones de alto impacto, disputas procesales y una prolongada ausencia del principal implicado.
