Cintalapa, Chiapas, a 22 de abril de 2026.- Luego de concretarse la reparación integral del daño a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre pasado en Oaxaca, las autoridades judiciales determinaron el cierre definitivo del proceso penal contra dos trabajadores involucrados en el caso.
Se trata de Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes se desempeñaban como conductor y jefe de despachadores, respectivamente. Ambos recuperaron su libertad este día, después de que una jueza de control decretara el sobreseimiento de la causa penal, al cumplirse los acuerdos reparatorios establecidos con las víctimas.
La resolución fue emitida durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, donde la Fiscalía General de la República (FGR) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) validaron los convenios previamente alcanzados mediante mecanismos alternativos de solución de controversias.
Con ello, se extinguió la acción penal, una figura jurídica aplicable en delitos culposos sin violencia, particularmente aquellos de carácter patrimonial o que requieren querella.
El accidente, ocurrido el 28 de diciembre, dejó un saldo de 14 personas fallecidas. Tras revisar el cumplimiento de los acuerdos, la autoridad judicial avaló la reparación total del daño a las víctimas, lo que permitió cerrar el expediente 7/2026 y absolver a los imputados de los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Ambos trabajadores permanecían en prisión desde enero en el Centro Estatal de Reinserción Social número 14, conocido como “El Amate”, en Chiapas.
En el desarrollo de las investigaciones, la FGR informó que la empresa ferroviaria otorgó el perdón por el delito de daño en bienes. Asimismo, se descartó el delito de ataques a las vías generales de comunicación, luego de que los peritajes concluyeran que la infraestructura ferroviaria cumplía con la normativa vigente.
De igual forma, las autoridades determinaron que no existían elementos para imputar delitos relacionados con el uso indebido de atribuciones o ejercicio irregular del servicio público, tras analizar información técnica, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y expedientes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin encontrar irregularidades de carácter penal.
Las diligencias también confirmaron que tanto las condiciones de la vía como el estado de las locomotoras y vagones se ajustaban a los estándares requeridos.
Por su parte, el gobierno federal informó que el proceso de reparación integral a las víctimas fue concluido en su totalidad. En total, 145 personas, entre ellas 31 menores de edad, recibieron compensaciones, cumpliendo con criterios de proporcionalidad, suficiencia y dignidad.
Aunque no se hicieron públicos los montos entregados, se precisó que estos se apegan a estándares nacionales e internacionales en materia de atención a víctimas.
Finalmente, la FGR sostuvo que durante todo el proceso se priorizó la protección de las personas afectadas, al tiempo que se cumplieron las disposiciones legales en la integración y resolución del caso.
